En la labor diaria de cubrir el conflicto muchos comunicadores incurren en el error de emplear términos inexactos o que implican juicios de valor. Este uso incorrecto de las palabras puede llevar a que el periodista distorsione la realidad que pretende contar y/o tome partido por alguna de las partes, infringiendo así la ética profesional. ¿Qué hacer para evitar que esto suceda?
El conflicto armado ha sido protagonista de primer orden en la historia reciente de Colombia. Desde la Guerra de los Mil Días, a finales de 1900, pasando por las luchas interpartidistas del siglo pasado, la cruenta batalla contra el narcotráfico de los ochentas y hasta la actual confrontación con grupos guerrilleros, que ya cumple 50 años, la violencia propia de la guerra ha sido parte del acontecer diario.
Es así como las noticias, las imágenes, las crónicas y reportajes con contenido bélico explícito han hecho y hacen parte habitual de la agenda de los medios de comunicación en el país y son un producto informativo habitual para sus audiencias.
Estas circunstancias adversas hacen que el ejercicio del periodismo no sea una tarea fácil y que la profesión sea considerada como de alto riesgo. Así lo demuestran las cifras, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) , en Colombia fueron asesinados por razones de su labor informativa 118 comunicadores en los últimos 25 años, a manos de actores de toda índole, siendo uno de los países en donde más se vulnera el goce del derecho a la información y la libertad de expresión.
La Constitución Política colombiana reza en su artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.” . Es decir, se consagra la libertad de información y expresión pero se establece a la vez, como un derecho de las audiencias, que los contenidos difundidos cumplan con dos condiciones: la veracidad y la imparcialidad.
Sin embargo una cosa es lo que está impreso en el papel y otra cosa es lo que sucede en la práctica cotidiana del periodismo.
La labor informativa en condiciones irregulares, como las que se viven en un conflicto armado, se ve afectada en su calidad. Esto se debe a que los periodistas trabajan inmersos en un contexto en el que situaciones como las presiones provenientes de los actores armados enfrentados, amenazas de todo tipo y origen, los intereses políticos del medio en el que se trabaja, la dificultad de acceso a la información de primera mano, entre otros, son cosa de cada día.
Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno y presidente de la FLIP en Colombia, explica está situación. “Muchas veces, por miedo, los periodistas no cuentan la verdad completa, se limitan a repetir las versiones oficiales, no consultan a todas las fuentes pertinentes o aplican la autocensura para salvaguardar su integridad física y la de sus familias” , por ello la versión que construyen y transmiten no es fiel a la verdad y/o a la imparcialidad que exige el ejercicio de la libertad de información.
Otro aspecto que influyó de manera notable en el cubrimiento de los hechos violentos fue la actitud del Gobierno Nacional del ex presidente Álvaro Uribe quien pública y reiteradamente negó la existencia de un conflicto interno en Colombia , a pesar de las víctimas mortales y los millones de desplazados que deja la guerra.
Una forma sutil de tomar partido
Al revisar con detenimiento las secciones dedicadas al cubrimiento del conflicto armado de: El Tiempo, el diario de circulación nacional más leído (1.139.052 lectores diarios, según el Estudio General de Medios 2010) y de la revista Semana, que ha sacado a la luz algunos de los sucesos más cruentos del conflicto como los denominados “falsos positivos” de los que trataremos más adelante, es fácil notar que existen palabras que se repiten con gran frecuencia y que han ido conformando un tipo especial de léxico para contar la guerra a través de los medios masivos.
Términos como atentados, masacres, secuestrados, desplazamiento, “falsos positivos”, bombardeos, bajas, “pescas milagrosas”, milicianos, paramilitares, bloques, frentes, cuadrillas, batallones, aviones “fantasma”, cilindros bombas, minas “quiebrapatas” y muchos otros, más propios de la jerga militar, son familiares para la mayor parte de la sociedad colombiana que vive el conflicto armado a través de los medios de comunicación.
El uso de los términos es una cuestión muy importante a la que muchas veces, por la cotidianidad del trabajo periodístico, erróneamente no se le presta mayor importancia.
El empleo de una u otra palabra implica la toma de posiciones por parte del periodista, quien en ocasiones no tiene conciencia de este hecho. Como explica la doctora en Comunicación y profesora de la Universidad de Navarra Teresa Sábada: “Una de las cuestiones más conflictivas para cumplir con esta supuesta objetividad es el lenguaje que se utiliza, porque en muchas ocasiones, el uso de determinados vocablos, implica ya un juicio de los acontecimientos, una valoración. Además, el uso de determinadas palabras tiene una incidencia directa en la configuración pública de los sucesos y por lo tanto en su planteamiento político” .
Un análisis sobre el uso de dos palabras: narcoterrorista y paramilitar es útil para demostrar este fenómeno.
Al buscar en los archivos digitales encontramos que sobre el término narcoterrorista existen 344 artículos en Semana y cerca de seis mil noticias en El Tiempo. Esta palabra empezó a usarse en la década de los ochenta para referirse a los narcotraficantes, con el mítico Pablo Escobar a la cabeza, que recurrieron a alevosos actos terroristas que atemorizaron a todo el país con el objetivo de conseguir la prohibición de la extradición de nacionales hacia los Estados Unidos.
Con el paso de los años, el mismo término comenzó a emplearse por parte de las fuentes oficiales del Gobierno y militares para referirse a los guerrilleros de las FARC y el ELN. Debido al uso frecuente esta palabra se incorporó poco a poco en el léxico habitual de los periodistas que adoptaron de forma implícita, al reproducir el término y su acepción, la versión oficial que vincula a los grupos subversivos con el control del tráfico de estupefacientes, actividad sobre la cual los voceros de la guerrilla solo reconocen el llamado “gramaje” que es un impuesto sobre la droga que se produce en los territorios controlados por las organizaciones ilegales. También se establece una relación directa con actividades terroristas.
Los periodistas también asumen una posición al emplear la palabra paramilitar. Este término utilizado para referirse a los miembros de los ejércitos ilegales creados por la extrema derecha implica una relación directa de los grupos armados al margen de la ley con las Fuerzas Militares de Colombia. Relación que el Gobierno solamente reconoce como casos aislados de algunos hombres y no de la institución. Quienes pertenecen a estos grupos prefieren referirse a sí mismos como “autodefensas”, denominación que conlleva el argumento de Legítima Defensa contra la guerrilla al que apelan los voceros de estos cuerpos armados para justificar su actuación criminal.
Tras la desmovilización negociada de estos grupos con el Gobierno, a pesar de que muchos de los hombres no volvieron a la vida civil y se reorganizaron en otros ejércitos que siguen actuando igual que sus antecesores, las palabras paramilitar o autodefensas desaparecieron del argot oficial. Estos nuevos escuadrones, formados por los mismos combatientes y empleando los mismos métodos, ahora son llamados Bandas Criminales o Bandas Emergentes.
Para que suene menos feo
En otras ocasiones la tergiversación de la realidad a la hora de informar sobre el conflicto sucede cuando se emplean algunas expresiones a modo de eufemismos detrás de los cuales se esconde la dureza de la guerra. Son muestras claras de esto los casos de las llamadas “pescas milagrosas” y los “falsos positivos”.
Bajo el piadoso nombre de “pesca milagrosa” se escondía el horror de un secuestro colectivo, en cualquier carretera colombiana, en el que al azar la guerrilla privaba de la libertad a cualquier civil. Esta conducta implica la comisión de un delito grave, la retención de civiles, que es también una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario y que debería nombrarse y denunciarse en los medios usando su denominación específica: Secuestro.
Algo similar sucede en el caso que en Colombia se conoce como los “falsos positivos”. A alguien ajeno al contexto y al acontecer del país jamás se le pasaría por la cabeza que con esta expresión acuñada por el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, se denominen las más de dos mil ejecuciones extrajudiciales de jóvenes marginales a manos de soldados del Ejército Nacional. Son Ejecuciones, asesinatos a sangre fría por los que ya existen pronunciamientos judiciales, que en los medios masivos y entre la gente del común se siguen denominando un “falso positivo”.
Aunque dentro del contenido de las notas se explique en qué consisten los hechos atroces que hay detrás de estas denominaciones adoptadas por consenso general, al no usar el término unívoco, directo, se pierde el impacto que conlleva una información en la que están implicadas la vida y la libertad de las personas. Los acontecimientos pierden interés y trascendencia entre la audiencia que no está familiarizada con las expresiones empleadas y que no entienden de primera mano que de lo que se trata son gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.
¿Qué deben hacer los periodistas?
A pesar de las condiciones adversas que deben enfrentar los comunicadores que se dedican a contar el conflicto, sigue siendo su deber ético y profesional acercarse lo máximo posible a la realidad y en el periodismo informativo no inclinarse por uno u otro bando. ¿Cómo lograrlo en el problemático contexto descrito?
Una posible respuesta proviene del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Por medio de talleres con periodistas de todas las regiones del país, esta organización no gubernamental promueve el conocimiento y el empleo habitual del lenguaje especializado del Derecho Internacional Humanitario entre los profesionales de la comunicación.
“En contextos como el que prevalece hoy en Colombia, se ha podido constatar que la utilización errónea de expresiones que tienen un significado preciso en el derecho internacional humanitario y designan conceptos de exigencias muy determinadas, tales como ‘zonas de seguridad’ y ‘zonas neutrales’, ha podido suscitar en el seno de la población esperanzas que, de hecho, han aumentado el riesgo que corre”. Afirma Yves Sandoz, Director del CICR
El reto para los periodistas consiste entonces en aprender las palabras y términos exactos, inequívocos, con los que el DIH denomina puntualmente los diferentes fenómenos y protagonistas que usualmente hacen parte de los conflictos armados internos que regula, como el que afecta a Colombia.
De esta manera los periodistas emplearán las palabras a sabiendas de lo que realmente significan, sin prestarse a cuestiones propagandísticas. La información al ceñirse a la verdad crece en calidad y los espectadores podrán hacerse una idea más fiel con la realidad que perciben a través de noticias. También al denunciar los horrores de la guerra sin tapujos es posible generar en las audiencias un sentimiento crítico y buscar su movilización en contra de los crímenes que hay detrás de los titulares.
Para el CICR, el papel de los periodistas en la resolución de los conflictos armados es fundamental y el buen uso del lenguaje es un clave. “La palabra utilizada con fines de propaganda no hace más que crear confusiones entre los hombres de armas, así como entre las personas protegidas por el derecho internacional humanitario. En cambio la palabra utilizada con el afán de vedad permite poner en marcha, paso a paso, procesos que refuerzan la confianza y facilitan la comprensión entre los beligerantes y que pueden incluso, por este hecho, contribuir al restablecimiento de la paz”.
Al tener conciencia de este hecho las empresas informativas deben empeñarse en que sus trabajadores conozcan esta terminología, incluso establecer este lenguaje en los manuales de estilo. Por su parte los periodistas, de manera personal, deben considerar el empleo correcto del lenguaje como un reto ético de la profesión que contribuya, como dice Robert Alexy, a que “cada palabra que no distorsione la realidad, sino que, por el contrario, trate de traducirla, puede contribuir a resolver muchos problemas generados a menudo por incomprensiones, tanto como por falta de acuerdos entre los protagonistas”.
Como se evidencia en el escrito una sola palabra mal empleada puede cambiar por completo el significado de un texto, puede describir situaciones diferentes a las reales e incluso puede llevar de manera implícita a que el periodista se parcialice por una de las partes en conflicto. No es lo mismo decir narcoterrorista que actor armado o combatiente, no es lo mismo un prisionero de guerra que un rehén o un secuestrado, ni es lo mismo hablar de un “falso positivo” que de una ejecución extrajudicial. De ahí la importancia y el valor que en términos de ética periodística y calidad informativa adquiere el uso del lenguaje adecuado en la narración noticiosa de un conflicto armado como el colombiano.
Cuando el presidente Santos habla de la Minería, se refiere a esta actividad económica como una de las locomotoras encargadas de jalonar el desarrollo del país. Las excelentes proyecciones del sector bien le permiten emplear esta metáfora. Sin embargo el costo ambiental y social de la explotación minera queda erróneamente en segundo plano, opacado por los millones de dólares de las exportaciones, las regalías y las licencias a grandes multinacionales que extraen nuestros recursos.
Del paisaje de hace unos años, que al contemplarlo traía a la mente la popular frase “Nariño tapiz de retazos”, queda poco. Muchas parcelas que antes estaban sembradas de maíz y papa o donde ondeaban las espigas a ritmo del viento hoy son terrenos agujereados. En aquellos lugares donde los mineros sacaron hasta el último grano de arena sólo quedan enormes socavones que ponen en riesgo la estabilidad del terreno y la seguridad de la gente que habita cerca. Esta situación fue reconocida por Corponariño, entidad que tras varios estudios y visitas a la zona emitió en 1.999 la resolución 155 “por medio de la cual se prohíbe las explotaciones mineras subterráneas en los municipios de Yacuanquer y Tangua”. Entre las razones argüidas por la Corporación ambiental para tomar esta decisión se destacan: “El considerable impacto negativo, generado por la inestabilidad del suelo y subsuelo”, “El deterioro morfológico y paisajístico en los sectores de explotación” y “el impacto negativo sobre el recurso agua, ocasionado por el arrastre de sedimentos hacia los diferentes cauces”.
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